En 2018, la jueza Juana Caballero García estuvo a favor de liberar a investigados por comercializar drogas en Huaura, pese a evidencia policial.

La Comisión de Constitución impulsa un proyecto de ley para no procesar como delitos de lesa humanidad los casos cometidos antes de 2002.

La Fiscalía incluyó a las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos en la investigación que se le sigue a Patricia Benavides.

La mayoría de las propuestas legislativas fueron presentados por representantes de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Renovación Popular.

La eventual salida de la actual JNJ pone en peligro los procesos disciplinarios abiertos y las ratificaciones de los titulares de la Onpe y Reniec.

La acusación a Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular también incluye evidencias sobre interferencias en el sistema de justicia.